Discapacidad: escándalo y discusiones en la Legislatura
La oposición presentó un proyecto de ley sobre la problemática. La reunión se hizo en un primer piso sin ascensor. Peleas.
Por: EL SOL ONLINE http://elsolonline.com/noticias/viewold/101695/
Luego de la indignante situación que les toca vivir a personas con discapacidad en asuntos tan básicos como el transporte, contada días atrás por El Sol, fue presentado ante la Comisión de Desarrollo Social y Salud de Diputados un proyecto de ley de discapacidad para modificar y mejorar la norma vigente. En el mismo lugar, estaba reunida la comisión de Desarrollo Social y de Salud Pública con el director de la Obra Social de Empleados Públicos, Marcelo Costa, analizando el proyecto de adhesión del Ejecutivo a la Ley de Discapacidad nacional.
El tratamiento y discusión de la propuesta se realizó en una oficina ubicada en un primer piso; esta sala se encuentra en un edificio que no tiene ni rampas ni ascensores, por lo que dos discapacitados motrices que habían acudido a la reunión no pudieron acceder. Esto provocó el enfado de los familiares de estas personas, que acusaron al Gobierno de "faltarles el respeto constantemente".
Laura Triviño, madre de un chico con discapacidad, le reclamó ofuscadamente al presidente de la comisión, Alberto Recabarren: "Es ridículo que la reunión se hiciera en el primer piso, cuando hay personas con discapacidad. Es una reunión abierta y a quienes menos invitan ni llaman es a personas con discapacidad, que somos los que estamos reclamando que Mendoza adhiera a la ley".
A lo que Recabarren se excusó: "No se los había invitado, porque esta era una reunión técnica con los distintos directores, después se va a hacer una con todos". Por su parte, Marcelo Costa, titular de OSEP, acusado por los discapacitados y familiares de estar en contra de sus derechos, esquivó la discusión y se retiró del lugar sin responder las recriminaciones de los familiares.
Costa es uno de los defensores del proyecto propuesto por el Ejecutivo, muy resistido por los organismos defensores de los derechos de los discapacitados, por tildarlo de "discriminatorio y excluyente", según el diputado radical Luis Petri, propulsor de una nueva ley de discapacidad. El legislador criticó la intención oficial: "En lugar de adherir a la ley nacional, propone un nomenclador diferenciado.
Esto llevaría a una situación desigual, ya que el nomenclador supone menos dinero a la hora de las prestaciones hacia las personas con obra social, lo que puede generar situaciones judiciales, amparos y que caiga la ley por inconstitucionalidad, porque, claramente, está violando el principio de igualdad que necesariamente tiene que regir a la hora de reconocer prestaciones".
El proyecto de ley presentado por Petri establece la creación de un régimen integral para las personas con discapacidad, para posibilitar la integración en la sociedad de la gente con ese problema. Según expresó Petri: "Esta iniciativa contempla desde la arquitectura diferenciada para gente con discapacidad, accesibilidad al trabajo tanto en el sector público como privado, hasta el deporte y la cultura, entre otras cuestiones.
Además, plantea la adhesión a la ley nacional 24.901, y Mendoza es una de los dos provincias que aún no ha adherido a la misma". Entre otros puntos importantes que se plantean están la creación de la figura del defensor del discapacitado, que controle la aplicación y el cumplimiento de las leyes de discapacidad; la implementación de un registro de aspirantes a empleos públicos, que garantice el porcentaje establecido por ley de personal con discapacidad que se debe contratar (97 por ciento de los discapacitados no posee empleo), y establecer un cupo de 10 por ciento de las viviendas del IPV para personas con discapacidad.
El tratamiento y discusión de la propuesta se realizó en una oficina ubicada en un primer piso; esta sala se encuentra en un edificio que no tiene ni rampas ni ascensores, por lo que dos discapacitados motrices que habían acudido a la reunión no pudieron acceder. Esto provocó el enfado de los familiares de estas personas, que acusaron al Gobierno de "faltarles el respeto constantemente".
Laura Triviño, madre de un chico con discapacidad, le reclamó ofuscadamente al presidente de la comisión, Alberto Recabarren: "Es ridículo que la reunión se hiciera en el primer piso, cuando hay personas con discapacidad. Es una reunión abierta y a quienes menos invitan ni llaman es a personas con discapacidad, que somos los que estamos reclamando que Mendoza adhiera a la ley".
A lo que Recabarren se excusó: "No se los había invitado, porque esta era una reunión técnica con los distintos directores, después se va a hacer una con todos". Por su parte, Marcelo Costa, titular de OSEP, acusado por los discapacitados y familiares de estar en contra de sus derechos, esquivó la discusión y se retiró del lugar sin responder las recriminaciones de los familiares.
Costa es uno de los defensores del proyecto propuesto por el Ejecutivo, muy resistido por los organismos defensores de los derechos de los discapacitados, por tildarlo de "discriminatorio y excluyente", según el diputado radical Luis Petri, propulsor de una nueva ley de discapacidad. El legislador criticó la intención oficial: "En lugar de adherir a la ley nacional, propone un nomenclador diferenciado.
Esto llevaría a una situación desigual, ya que el nomenclador supone menos dinero a la hora de las prestaciones hacia las personas con obra social, lo que puede generar situaciones judiciales, amparos y que caiga la ley por inconstitucionalidad, porque, claramente, está violando el principio de igualdad que necesariamente tiene que regir a la hora de reconocer prestaciones".
El proyecto de ley presentado por Petri establece la creación de un régimen integral para las personas con discapacidad, para posibilitar la integración en la sociedad de la gente con ese problema. Según expresó Petri: "Esta iniciativa contempla desde la arquitectura diferenciada para gente con discapacidad, accesibilidad al trabajo tanto en el sector público como privado, hasta el deporte y la cultura, entre otras cuestiones.
Además, plantea la adhesión a la ley nacional 24.901, y Mendoza es una de los dos provincias que aún no ha adherido a la misma". Entre otros puntos importantes que se plantean están la creación de la figura del defensor del discapacitado, que controle la aplicación y el cumplimiento de las leyes de discapacidad; la implementación de un registro de aspirantes a empleos públicos, que garantice el porcentaje establecido por ley de personal con discapacidad que se debe contratar (97 por ciento de los discapacitados no posee empleo), y establecer un cupo de 10 por ciento de las viviendas del IPV para personas con discapacidad.
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